A pedido del FMI, Macri suspende la «ley de jubilaciones de amas de casa»

Uno de los objetivos del FMI es el sistema previsional. El primer paso lo dio el Gobierno junto con la mayoría de los legisladores de la oposición en diciembre del 2017 cuando reformaron algunos artículos claves de la ley previsional, afectando a miles de jubilados. Ahora pondrán fin a la moratoria para quienes no cuentan con 30 años de aportes. Es que desde el 23 de julio de este año se termina el plazo de 3 años para entrar a la moratoria para quienes no cuentan con 30 años de aportes, como había sido incorporado en la mal llamada ley de «Reparación Histórica» de 2016. La moratoria es conocida como «ley de jubilaciones de amas de casa» porque si bien la medida es valida para ambos sexos, las mujeres son quienes se han visto más favorecidas por la medida.

En segundo lugar, la ley de Reparación Histórica eliminó las moratorias previsionales para quienes no reúnen los años de aporte para jubilarse y las sustituyó por una Pensión Universal Para el Adulto Mayor, cuyo objetivo es rebajar los ingresos un 20 % respecto de la jubilación mínima que se hubiese alcanzado con moratoria. Además, dicha pensión no es acumulable con otras prestaciones. Y para las mujeres tiene un impacto adicional: la edad de otorgamiento de la Pensión se eleva 5 años, de 60 a 65 respecto a la de la moratoria.

La decisión política que toma Cambiemos a pocos meses de finalizar su gestión, para alcanzar el «déficit cero» exigido por el Fondo, apunta brutalmente sobre la clase trabajadora y las mujeres en particular.

“En este marco de ajuste, y considerando la desigual distribución ocupacional y del trabajo no remunerado, la decisión de eliminar la moratoria jubilatoria a las mujeres se parece a un castigo patriarcal”, expresó Julia Strada, doctora en Economía y columnista del segmento Económico de C5N.

El Gobierno se apresta a sepultar un derecho fundamental que afecta en mayor medida a las mujeres que son las que, a lo largo de sus años laborales, tienen los trabajos más precarios y sin aportes, además de tener que realizar todas las tareas domésticas, que ya todos sabemos que es trabajo no remunerado.

Según Strada «la Ley nacional de Moratoria fue un proyecto que se sancionó en 1995 pero recién la implementó el presidente Néstor Kirchner en 2006». La decisión fue una respuesta de emergencia ante su rotunda negativa de incluir en la agenda el reconocimiento del 82 % móvil. Y yendo un poco más profundo, el kirchnerismo tampoco eliminó la informalidad laboral que se tradujo en una brutal precarización, sobre todo para las mujeres. Es por eso que esta moratoria actuó a modo de frazada corta, cubrió el acceso a una jubilación, pero dejó sin solución el verdadero origen de la falta de aportes: un trabajo registrado.

Entre los años 2003 y 2016 se jubilaron por la moratoria previsional a la ley 24.746 un total de 1.796.439 mujeres.

Si se observan los datos duros vemos que las trabajadoras en Argentina perciben en promedio un 25,2 % menos que los varones. La informalidad también las tiene como protagonistas con un 37 % de empleo no registrado.

Otro ejemplo contundente de las razones por las cuales miles de mujeres a la edad de jubilarse no pueden hacerlo por falta de aportes realizados, es que el 94,7% del trabajo en casas particulares es hecho por mujeres, en la mayoría de los casos nadie realiza los aportes jubilatorios que obliga la ley.

Pero queda el factor más importante que muchas veces obliga a las mujeres a aceptar trabajos precarios, sin aportes o con jornadas reducidas y es la “obligación” de hacerse cargo del trabajo en los hogares: limpiar, cocinar, cuidar de los hijos o de los adultos mayores y una lista que sin dudas podría continuar si observáramos un día en la vida de una mujer. Esta es la razón que hace que las mujeres destinen en promedio 6 horas diarias a estas tareas domésticas.

Desde el minuto cero, y tomando un discurso que parte de un sentido común exacerbado, el gobierno de Cambiemos intentó instalar que “es injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye”.

Este argumento sobre la supuesta injusticia no solo es canalla sino que parte de una premisa equivocada. En nuestro país cerca del 40 por ciento de los trabajadores y las trabajadoras tienen trabajo no registrado, de modo que no aportar al sistema de previsión social no es una decisión que pueda tomar el trabajador sino una condición impuesta por la patronal.

Pero este engranaje entre Estado y patronales es uno de los mecanismos que le garantizan al sistema capitalista su funcionamiento. El incremento de trabajos precarios y no registrados seguramente irá aumentando a medida que avance el ajuste que exige el Fondo.

Es decir, las mujeres realizan el doble del trabajo no remunerado. Tareas que al no ser reconocidas implican un “ahorro” para el Estado capitalista y los empresarios.

Ochenta y seis por ciento de mujeres que accedieron a la moratoria no son solamente un número, son miles de mujeres que dentro o fuera de sus casas trabajaron sin opción ni posibilidad de exigir un sueldo en blanco. Eliminarla sin siquiera tener una alternativa para garantizar una solución es vulnerar una vez más un derecho humano básico.