Las y los diputados nacionales reprimidos estaban ejerciendo su representación popular y el derecho a la libertad de expresión, y acompañaban a los manifestantes en su derecho constitucional de protesta. Intentaron en todo momento ser interlocutores con los manifestantes de manera absolutamente pacífica. Jamás cortaron una calle: tanto la avenida Entre Ríos como la calle Hipólito Yrigoyen estaban interrumpidas en su tránsito por el cordón policial.
La manifestación pacífica de las y los legisladores nacionales tuvo como respuesta por parte de agentes de la Prefectura Naval Argentina empujones, golpes y descargas de gas pimienta. Existió un uso absolutamente desproporcionado y desmedido de la fuerza ya que la interacción de los diputados con los integrantes de las fuerzas federales se daba en un contexto no violento y de diálogo.
El resultado de la exposición a los gases fueron distintas lesiones graves, sufridas por los denunciantes. Nada fue casual: se trató de una acción deliberadamente dirigida de las fuerzas de seguridad contra las y los diputados nacionales de Unión por la Patria, que obedeció a una decisión política.
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El accionar de las fuerzas federales de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich no respetan en lo más mínimo los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, ni los tratados de jerarquía constitucional, ni tratados aprobados por el Congreso de la Nación, y tampoco las inmunidades constitucionales de los diputados y diputadas de la Nación.
Cabe destacar que la denuncia se encuentra respaldada por pruebas documentales y testimoniales con su constancia de atención médica, como así también registros fotográficos y audiovisuales.
Diputados y diputadas Nacionales que fueron reprimidos denunciaron penalmente a Patricia Bullrich y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La denuncia quedó radicada bajo la identificación CFP 2400/2024 ante el Juzgado Federal Nº 4 a cargo del juez Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Ramiro González.
En tanto, se derivó esa presentación por mail a conocimiento de los siguientes organismos: Unión Interparlamentaria, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación.
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