El contundente fallo del magistrado formoseño señala que tras la recolección de todas las pruebas posibles “no hubo delito alguno en la operatoria del mandatario provincial respecto a sus gestiones ante autoridades nacionales y que tampoco existió una intermediación para tal fin, a través de la contratación como consultora de la firma The Old Fund” que tenía como titular a Alejandro Vandenbroele.
Tanto para la Justicia Federal como provincial quedó claro que no hubo irregularidades en los convenios firmados con Nación ni tampoco hubo objeciones durante todos estos años de parte de ningún organismo de control, incluso los que durante cuatro años estuvieron debajo del ala política del macrismo.
El dictamen no solo sobreseyó a Insfrán, sino que dejó al desnudo las miserias políticas de la oposición que durante más de 12 años utilizaron esa denuncia para hacer campaña a sabiendas que no existía ningún elemento de ilegalidad en el proceso que le permitió a Formosa desendeudarse y poder aplicar políticas económicas y sociales con mayor intensidad.
La lentitud de la justicia argentina les permitió a Luis Naidenoff, Ricardo Buryaile y Fernando Carbajal utilizar una denuncia que no tenía ni pies ni cabeza para lograr reelegirse en algunos casos y acceder a una banca en el Congreso en otros casos. La denuncia carecía de sentido que ni siquiera durante los cuatro años macristas en el cual fueron oficialismo pudieron “torcer” el rumbo inexorable de un sobreseimiento que era “cantado” por la falta de elementos. ¿Acaso el senador y los diputados nacionales radicales formoseños dirán que su propio Gobierno macrista también fue cómplice del supuesto acto ilegal del Gobierno de Insfrán? La respuesta cae de maduro.
La necesidad de mantenerse públicamente pese a la nula muestra de resultados legislativos (¿cuántos proyectos presentó Naidenoff en estos 18 años de gestión que hayan beneficiado a los formoseños?) hizo que incluso una de las voces “oficiales” de la oposición sean los hermanos Hernández, que tienen el record de que uno de los tres haya sido condenado por corrupción durante su período en la intendencia capitalina, el otro esté involucrado en presuntas estafas en el PAMI durante la gestión macrista y el restante no haya logrado reelegirse y fue derrotado por Buryaile en internas donde fue acusado por “mafioso” por su propio rival.
Caída la estrategia de mantener vigente una denuncia sin sentido, hoy los cabecillas radicales deberán redefinir su estrategia de cara a las elecciones del 2023 si quieren mantener sus privilegios. ¿Comenzarán a disputarle a su socia Neme las transmisiones en redes sociales para denunciar y tapar sus falencias como eternos legisladores?
